CORRUPCIÓN E INSTITUCIONALIDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ Por Ms. Vicente Rosell Berendson
CORRUPCIÓN E
INSTITUCIONALIDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ
Por Ms. Vicente Rosell
Berendson
Resumen
El objetivo de
presentar artículo , es el de tomar conocimiento de los pasajes de mayor
relevancia de la historia de la corrupción y falta de institucionalidad en
nuestra Patria y facilitar una rápida comparación entre los diferentes actores
que dirigieron nuestro país desde el Virreinato hasta la actualidad y así poder
identificar con facilidad las formas como han actuado las elites con respecto a
la corrupción y que solo sustituyendo nombres podamos saltar de una década a
otra viendo que las modalidades no cambian, así como también comprender como la
falta de institucionalidad ha sido la principal razón que ha permitido que se
saqueen impunemente las arcas públicas en toda nuestra historia republicana.
Para finalizar y con la
finalidad de aterrizar lo expuesto por Alfonso Quiroz con respecto a la
corrupción y la falta de institucionalidad, y como esto afecto y afecta nuestro
desarrollo, he tomado muy resumidamente algunos conceptos del libro del Premio
Nobel 1993 Douglas North, “Instituciones, Cambio Institucional y Desarrollo
Económico” a fin de reflexionar al respecto y de la necesidad de digitalizar el
Estado para lograr este objetivo.
Palabras
Claves: Corrupción, Institucionalidad y Historia del Perú
ABSTRAC
The objective of presenting an article is to take
cognizance of the most relevant passages in the history of corruption and lack
of institutionality in our Homeland and facilitate a quick comparison between
the different actors who led our country from the Viceroyalty to the present
and so we can easily identify the ways in which the elites have acted with
regard to corruption and that only by replacing names can we jump from one
decade to another, seeing that the modalities do not change, as well as understanding
how the lack of institutionality has been the main reason that has allowed the
public coffers to be plundered with impunity throughout our republican history.
To finalize and with the purpose of landing what was
stated by Alfonso Quiroz regarding corruption and the lack of institutionality,
and how this affects and affects our development, I have taken very briefly
some concepts from the 1993 Nobel Prize book Douglas North, "Institutions
, Institutional Change and Economic Development "in order to reflect on
this and the need to digitize the State to achieve this objective.
Key Words: Corruption, Institutionality and History of
Peru
1. El fracaso de las
reformas coloniales, 1750 – 1820
Resumen
del libro “historia de la corrupción en el Perú” de Alfonso Quiroz
Con el comienzo del
siglo XVIII España experimentaría una serie de importantes transformaciones con
la asunción al Trono de España de la dinastía de los Borbones, con Felipe V. Los
Borbones españoles buscaron reconstruir el poderío español, que había sufrido
una importante decadencia a lo largo del siglo XVIII. Para lograr este
objetivo, decidieron llevar adelante una serie de reformas, para lo cual
formaron una nueva burocracia, encargada de ejecutar las políticas dispuestas
por la Corona dentro de la que estaba la modernización económica de España
y los virreinatos.
Los funcionarios a
cargo en su mayoría de origen peninsular, concentraban gran poder, ya que
tenían a su cargo cuestiones administrativas, financieras y militares
anteriormente distribuidas entre varios funcionarios.
Este proceso significo
un cambio importante con respecto al gobierno colonial de los siglos XVI y
XVII, ya que durante esa etapa algunos funcionarios coloniales surgieron de los
grupos de criollos o españoles americanos.
En el ámbito militar,
durante los primeros siglos de presencia española en América la defensa estaba
principalmente en manos de fuerzas locales. A partir de las reformas
borbónicas, se intentó de crear un ejército profesional de soldados reclutados
en España.
Esas reformas dieron
paso a una serie de importantes cambios en el mundo colonial americano que transformaron
profundamente la relación entre criollos y peninsulares, hizo que amplios
sectores criollos fueran desplazados de las esferas del gobierno y de la
administración colonial y que fueran sustituidos por funcionarios de origen
peninsular, se aumentó la presión fiscal sobre los sectores populares de la
sociedad colonial, a la vez que desplazaron a los criollos del gobierno
colonial. Por otro, la voluntad de aumentar la recaudación llevó a muchos funcionarios
coloniales a aumentar los impuestos vigentes y a establecer otros nuevos.
Las tensiones y abusos
de los corregidores, generaron una serie de levantamientos contra el proceso de
reformas, entre los cuales se destacan el protagonizado por los comuneros de
Nueva Granada en 1781 y el que estalló en el Alto Perú en 1780.
La corrupción de los
Virreyes y los corregidores era manifiesta, entre los casos más saltantes que
se encuentran en los archivos, está el juicio de residencia al Virrey Amat,
famoso además por su amorío público con Micaela Villegas apodada la Perricholi;
Amat fue el Virrey que estuvo a cargo de la expulsión de los Jesuitas y la
expropiación de sus bienes y fue el que expandió los privilegios del fuero
militar permitiéndoles una administración corrupta.
La monarquía pese al
conocimiento de la corrupción administrativa virreinal en el manejo de la
minería, el contrabando y el nepotismo vacilo en su empeño reformista institucional,
dejándola crecer.
La invasión
napoleónica, la legislación liberal de las Cortes de Cádiz y los gastos
militares en ascenso hicieron que el Virrey Abascal impusiera un poder semi
dictatorial, pero a pesar de su honestidad personal se vio obligado a condonar
la corrupción administrativa de las autoridades coloniales.
Pero fue durante el
gobierno del Virrey Joaquín de la Pezuela en que la corrupción militar y el
favoritismo alcanzaron nuevamente sus más altos niveles, fue un virrey tiránico
y conservador, gratificaba a los oficiales reales que le eran fieles y a su círculo
más íntimo
Este Virrey fue
depuesto, en el que quizá sea el primer golpe militar en el Perú, por el
General liberal español José de la Serna comandante de la última resistencia
contra las fuerzas emancipadoras, y que sucedió en condiciones bélicas
favorables al contrabando y la corrupción.
Los costos de la
corrupción implicaron una pesada carga y un legado que agravó el colapso económico
y financiero producido durante las guerras de la independencia y la temprana
época poscolonial. Todos estos costos eran fondos desviados de fines públicos
hacia ganancias privadas o de círculos de patronazgo.
En este primer
capítulo, Alfonso Quiroz precisa que todas estas evidencias provienen de
fuentes judiciales, administrativas y cuantitativas, y corroboran la principal
afirmación sobre que la corrupción tuvo un rol central en el sistema colonial y
fue la base para la futura corrupción sistémica reinante en nuestro país.
Costos
estimados de la corrupción según categorías directas e indirectas, en algunos
Gobiernos Virreinales, PERÚ, 1584-1821
(Promedios
anuales en millones de pesos corrientes)
|
Gobierno
(años) |
I
Ganancias ilegales del virrey (premio)
|
II
Otras irregularidades de oficiales
|
III
Ineficiencia ligada a la corrupción
|
IV
Pérdida indirecta de rentas al contrabando
|
Total
|
|
Conde del Villar
(1584-1589) |
0.1
|
2.0
|
0.3
|
0.1
|
2.5
|
|
Marqués de Mancera (1639-1648)
|
0.2
|
1.2
|
0.5
|
0.2
|
2.1
|
|
Conde de Monclova
(1689-1705) |
0.1
|
1.3
|
0.5
|
0.4
|
2.3
|
|
Marqués de Castelfuerte
(1707-1710) |
0.1
|
0.8 |
0.3 |
0.3 |
1.5 |
|
Amat y Junyent
(1761-1776) |
03 |
1.2 |
0.5 |
0.5 |
2.3 |
|
Gil de Taboada
(1790-1796) |
0.1 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
1.3 |
|
Pezuela
(1816-1821) |
0.3 |
0.8 |
0.5 |
0.4 |
2.0 |
Fuente: Juan y Ulloa, “Discurso y reflexiones políticas…”
Capítulo
2 “Cimientos socavados de la temprana república 1821– 1930”
Capítulo
3 “El sinuoso camino al desastre, 1860 – 1883”
Al no contar con
recursos financieros, los líderes y caudillos militares que apoyaron la causa
emancipadora abusaron de la expropiación, las corruptelas y el crédito externo
e interno en nombre de la causa patriota.
En el periodo
1821-1822, el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo, su ministro de
confianza, expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima,
sin conseguir la independencia definitiva del Perú.
El Almirante Thomas
Cochrane fue el comandante de la flota «libertadora» chilena y se vio
beneficiado con la captura y secuestro de naves mercantes peruanas y se apropió
de las reservas de plata en barras que habían sido penosa y prepotentemente
acumuladas durante el gobierno de San Martín.
Un diplomático francés
informó a sus jefes en París que la falta de apoyo popular a la libertad y la
independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas autoridades
separatistas y sus luchas internas, y que la debilidad de estos nacientes
gobiernos se debe al reparto de cargos oficiales por medio de la protección y
la intriga en lugar del reconocimiento al mérito.
“Desafortunadamente
para el Perú - escribió en mayo de 1824 William Tudor, el cónsul estadounidense
en Lima, al secretario de Estado John Quincy Adams - los invasores que vinieron
a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de
principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo
pronto alienaron los afectos de los habitantes”, Tudor no limitó sus críticas a
los libertadores extranjeros; la población peruana, observó, era suave,
afeminada e ignorante del resto del mundo debido a su reclusión bajo el dominio
hispano, también se quejó de las tarifas aduaneras prohibitivamente altas, así
como de la confiscación de naves y propiedades de norteamericanos, sin ninguna
otra razón aparente que la de “saquear a neutrales”.
El saqueo y el abuso de
bienes privados y públicos por parte de jefes militares continuaron siendo
frecuentes y causando problemas diplomáticos recurrentes durante el temprano
periodo republicano.
El manejo abusivo e
inepto del crédito interno con préstamos obligatorios e impagos, asignados
principalmente a comerciantes locales y extranjeros, así como la emisión de
billetes sin respaldo adecuado, tuvieron como resultado la rápida pérdida de
fuentes de crédito interno del nuevo Estado peruano.
La deuda interna de ese
entonces incluía los salarios impagos de los empleados del gobierno, diversos
reclamos de proveedores locales y propietarios expropiados, y pagos incumplidos
originalmente respaldados por la deuda externa.
El primer contrato de
préstamo externo se firmó en octubre de 1822 y fue aprobado por el Congreso
Constituyente en 1823, durante el breve gobierno de José de la Riva-Agüero, el
primer presidente del Perú, por un monto de 1,2 millones de libras esterlinas a
un interés del 6 por ciento anual; en opinión del procurador general de
Londres, este contrato del primer préstamo externo peruano debía considerarse
virtualmente nulo por motivo de usura.
El patriota liberal
Luna Pizarro, contrincante moralizador de Bolívar y cabeza de un nuevo Congreso
peruano, pudo convocar genuinas elecciones presidenciales en el seno de los
representantes parlamentarios el 9 de junio de 1827, La Mar ganó la elección a
Santa Cruz y fue uno de los pocos oficiales de alto rango honestos, era
admirador de EE.UU y sus instituciones, fue asesinado.
El juez Manuel Lorenzo
Vidaurre, un íntimo colaborador y exministro de Bolívar, apoyó a Santa Cruz,
James Cooley, encargado de negocios de EE. UU en Lima, sostuvo que Santa Cruz y
Vidaurre tenían «una mala reputación de poco talento y menos honestidad».
El diplomático francés
Chaumette des Fossés consideraba a Vidaurre inepto para ocupar el cargo de
presidente de la Corte Suprema: «ninguna persona sacrifica con mayor facilidad
los derechos de la justicia a sus intereses, o a la influencia de sus parientes
y amigos, Vidaurre es la última persona que uno elegiría, de entre los
disolutos habitantes de Lima, para que sea el primer magistrado de la justicia
peruana».
En 1841, los
diplomáticos extranjeros informaron a sus gobiernos del descubrimiento de una
nueva fuente de riqueza peruana, el guano de las islas, pero el tipo de
contratos hechos contra los intereses del Estado promocionados por corruptos
funcionarios gubernamentales y las casas comerciales que buscaban una ganancia
monopólica, impidieron que esta oportunidad sea aprovechada por todos los peruanos.
Un diplomático inglés
que contaba con una vasta experiencia en el Perú explicaba que los intentos
efectuados en la década de 1840 para establecer unas sólidas políticas
comerciales y contratos se vieron estorbados por «los intereses personales y
pecuniarios de la entonces corrupta administración del Perú y de los
acaudalados extranjeros que deseaban conseguir el monopolio»
El pragmático Ramón
Castilla y su sequito en sus dos periodos entre 1845 y 1862 que en algún
momento incluyo al reformador civil Domingo Elías, se adaptaron a una
administración del crédito público inherentemente contaminada, especialmente
durante los años de la llamada “consolidación de la duda”, y la “manumisión”,
en donde sus agentes a cargo de la restructuración de la deuda con acreedores
británicos, Joaquín de Osma, Felipe Barrera y Francisco de Rivero se enriquecieron a costa de contratos
totalmente contrarios a los interese del Perú, además de ser préstamos para
pagar deudas de compadrazgo.
En 1851, el general
Echenique asumió el mando y se hizo evidente que este había gastado
personalmente mucho más en ganar la elección de lo que podía ganar como
presidente. Según el diplomático estadounidense J. Randolph Clay, los
consignatarios se aprovechaban de dichas circunstancias para «asegurar la
influencia del nuevo presidente mediante préstamos personales», tal como había
sucedido con sus predecesores.
El nefasto contrato
Dreyfus de 1869 que fue abalado por Nicolás de Piérola desde que era Ministro
del Presidente Balta recomendado por Echenique, genero una avalancha de obras públicas,
1869 - 1874, dentro de las que estaban los ferrocarriles y los muelles y
dársena del Callao, habiendo pagado Henry Meigss por la obtención de los
contratos ferroviarios 11 millones de soles en sobornos a las autoridades cuyo
registro llevaba en sus legendarios cuadernos verdes y rojos, lo mismo hicieron
los hermanos Charles y Frederick Bergman para obtener los contratos en el
puerto.
Para los observadores
extranjeros bien informados, los suntuosos gastos del gobierno de Balta habían
dejado al erario nacional en la más lamentable situación, a pesar de las rentas
del guano y aduanas. Unas cuestionables obras públicas de todo tipo habían sido
concedidas «para conservar la popularidad del gobierno»;
los costosos ferrocarriles eran «prematuros, por decir lo
menos». Bajo el peso de la excesiva deuda pública, el déficit fiscal crónico
sumaba más de veinte millones de soles al año.
Según una evaluación
periodística crítica y reveladora, los dreyfuistas habían comprometido el
crédito nacional para toda una generación. Habían vendido la última pizca de
guano; construido ferrocarriles «a la luna», entre otras obras monumentales; y
repartido contratos de obras públicas, algunas de las cuales se hicieron
mediante la farsa de las licitaciones públicas, con lo cual prácticamente no
habían dejado nada a los siguientes gobiernos. La transición del gobierno de Balta-Dreyfus
al de Pardo fue la transición del escándalo de la «pestilente corrupción a
la notable pureza».
Un contemporáneo hombre
de negocios comentó: «¿Qué buen uso se ha dado a esos millones y millones de
dólares provistos por el guano? ¡Casi nada para el país mismo! Los asuntos
privados se han enriquecido y mucho dinero ha sido gastado en pólvora, balas,
cañones, rifles, espadas y blindados»
Entre 1879 y 1899 so
pretexto de la compra para pertrechos de la guerra durante los gobiernos de
Prado, Piérola e Iglesias se realizaron una serie de concesiones y prestamos
siendo su principal acreedor la Grace Brothers & Co., al que adicionalmente
Prado le otorgo la concesión del guano. Jamás se presentaron cuentas o registro
oficial alguno para justificar gastos por 95 y 130 millones de soles, solo
durante la dictadura de Piérola; en 1890, Grace para el pago de estas deudas y
seguir financiando a los gobiernos de turno consiguió un contrato leonino en
contra de los intereses del Perú que fue abalado entre otros por los
Presidentes Cáceres y Piérola, este último recibió inclusive un préstamo de
Grace para su campaña.
Los partidarios
financieros y políticos de Piérola incluían a Dionisio Derteano, Juan Martín,
Echenique, Guillermo Billinghurst, el chileno Barahona y, claro está, Dreyfus,
quienes esperaban recibir una excelente retribución una vez que Piérola lograra
el poder.
En enero de 1932 el
Senado norteamericano cuestiono varias de las emisiones de bonos de préstamos
al Perú por hasta 106 millones de dólares entre 1927 y 1928, para el gasto en
obras publicas costosas e improductivas, revelando además que se habían pagado
comisiones como la pagada al hijo de Legía por un millón de dólares, otro
ejemplo de corrupción, la comisión pagada por los cuatro submarinos adquiridos
a la Electric Boat a Juan Leguía en 1929.
Estimados
de los costos directos e indirectos de la corrupción por década, Perú,
1820-1899
|
Década
|
I
Manejo deuda interna y externa |
II
Corrupción: caudillos y militares |
III
Sobornos: contratos públicos |
IV
Indirecta pérdida de rentas por contrabando |
V
Indirecta pérdida de inversión |
Total
|
Promedio anual
|
|
1820-1829
|
4
|
3
|
2
|
8
|
10
|
27
|
2.7
|
|
1830-1839
|
2
|
2
|
1
|
5
|
12
|
22
|
2.2
|
|
1840-1849
|
3
|
2
|
3
|
4
|
13
|
25
|
2.5
|
|
1850-1859
|
19
|
4
|
3
|
4
|
20
|
50
|
5.0
|
|
1860-1869*
|
20
|
10
|
19
|
4
|
30
|
83
|
8.3
|
|
1870-1879
|
25
|
20
|
25
|
3
|
35
|
108
|
10.8
|
|
1880-1889
|
3
|
8
|
6
|
2
|
10
|
29
|
2.9
|
|
1890-1899
|
3
|
12
|
15
|
2
|
15
|
47
|
4.7
|
(Millones de pesos y soles)
*1peso = 8 reales = 1
dólar americano. En 1863, Perú adopto el sol de 10 reales; 1 sol = 0.925 de
dólar americano.
Fuente:
(a) Oxford Latin American Economic History Database, comparada y corregida para
tener en cuenta la inflación, usando (b) Bruno Seminario y Arlette Beltrán,
Crecimiento Económico del Perú, cuadros V.1 Y X.2, pp. 174-177 y 259-262; (c).
Comparativo
de costos estimados y niveles de corrupción, Perú, 1820-1889
|
Década
|
I
Exportación (a) |
II
PBI (b,d) |
III
Gasto de gobierno (b,c) |
IV
Costo de la corrupción (e) |
V Nivel sobre el
gasto IV/III %
|
VI Nivel sobre
PBI IV/II %
|
|
1820-1829
|
4.4
|
44
|
2.0
|
2.7
|
135
|
6.1
|
|
1830-1839
|
5.1
|
51
|
2.8
|
2.2
|
79
|
4.3
|
|
1840-1849
|
6.0
|
60
|
6.0
|
2.5
|
42
|
4.2
|
|
1850-1859
|
11.6
|
116
|
8.0
|
5.0
|
63
|
4.3
|
|
1860-1869
|
24.0
|
240
|
26.0
|
8.3
|
32
|
3.5
|
|
1870-1879
|
22.0
|
236
|
53.0
|
10.8
|
20
|
4.6
|
|
1880-1889
|
5.8
|
58
|
7.1
|
2.9
|
41
|
5.0
|
|
1890-1899
|
20.2
|
210
|
10.1
|
4.7
|
47
|
2.2
|
(Promedios anuales por década en millones de
pesos/soles corrientes)
Nota:
Se asume que el PBI es igual a aproximadamente diez veces las exportaciones
(sobre la base estimada de Hunt para 1876-1877 y Seminario Beltrán para
1896-1899) La moneda antes de 1863 es el peso y después el sol.
Fuente:
(a) Oxford Latin American Economic History Database, comparada y corregida para
tener en cuenta la inflación, usando (b) Bruno Seminario y Arlette Beltrán,
Crecimiento Económico del Perú... cuadros V.1 Y X.2, pp. 174-177 y 259-262;
(c).
Ordeñando
la vaca lechera nacional. Extracciones del tesoro nacional por parte de
autoridades militares y civiles que imponen a su vez austeridad a famélicos
peruanos durante la primera administración del general Manuel Ignacio Prado
(sosteniendo la cuerda que ata la vaca por el cuello) y su vicepresidente
general Pedro Diez Canseco (en uniforme, ordeñado).«Lechería peruana» por J. J.
Rasoir, La Campana , n.° 3, 1867, p. 4. Biblioteca Nacional del Perú, Lima.
Capítulo
4 “La modernización y sus secuaces, 1884 - 1930
Capítulo
5 “Dictadores vánales y pactos secretos”, 1931 – 1962
Manuel González Prada
sostuvo que “los políticos habían vendido su conciencia y pluma al más alto
postor. Familias enteras habían vivido del tesoro nacional como si se tratara
de un derecho heredado sin implementar los cambios realmente necesarios y
patrióticos. Esta forma de ganarse la vida generaba mediocridad y cobardía
moral. Todos pretendían ser lo que no eran como actores de una farsa colosal.
Las recurrentes luchas por el poder brindaban recompensas inmerecidas a los
partidarios políticos, mediante favores ilícitos y el abuso de las finanzas
gubernamentales”.
Los partidos políticos eran meros clubes
electorales de malsanas ambiciones mercantiles. « ¿Qué era el Poder Judicial?
Almoneda pública, desde la Corte Suprema hasta el Juzgado de Paz.» El Congreso,
un grupo envilecido conformado por los parientes, amigos y criados del
presidente.
El Perú era un
organismo enfermo, «donde se aplica el dedo brota pus». Los partidos políticos
son clubes, manejados por caudillos que nada tienen que ver con los intereses
que representan. Dos son los casos más destacados. El Partido Aprista es
emblemático por su presencia y recurrente comportamiento complotista y
conspirador en la historia del siglo XX. Haya de la Torre hace y deshace, pero
no en función de un objetivo altruista o de la construcción de país: se alía
con enemigos y frustra procesos de reforma con el único objetivo de conseguir
el poder, y si no lo logra, boicotea, agrede y mata a sus adversarios sin
piedad. Pero los otros políticos que lo combaten no son muy diferentes, solo
que no cuentan con un partido organizado y con una máquina conspiradora como la
aprista. La política se va haciendo sobre la base de muertes, traiciones y
chantajes.
La corrupción entre los
militares erguía su cabeza sobre las actividades del sector privado y agotaba
los fondos públicos y las líneas de crédito. Los abrumadores préstamos y levas
compulsivas, cargados a los empresarios y propietarios nacionales y
extranjeros, se hicieron endémicos tras casi cualquier insurrección y
contrainsurgencia militar.
Después de Leguía en
1931 el Coronel Luis Sánchez Cerro al asumir la Jefatura de la Junta Militar
manifestó que su intención era la de limpiar la Administración Pública y
erradicar las prácticas corruptas prevalecientes durante el régimen de Leguía.
Durante su breve
dictadura, anterior a las elecciones, Sánchez Cerro dio «empleo a su familia
entera y sus colaboradores probablemente hicieron lo mismo»
Los observadores
diplomáticos pensaban que la corrupción en la Junta Militar era casi tan amplia
como lo había sido con Leguía. Se citaba el caso de la sospechosa moratoria
otorgada al Banco del Perú y Londres en camino a la quiebra. Asimismo, se
mencionaba que el coronel Ernesto Montagne, ministro de Relaciones Exteriores,
y otros miembros del gabinete se habían mudado a casas lujosas y mejorado su
estilo de vida sin ganar un salario oficial acorde con ello.
El círculo político
íntimo de Sánchez Cerro incluía a su inescrupuloso hermano Pablo Ernesto, un
estudiante de medicina que fue nombrado director de la oficina de Salud
Pública. J. Hortensio, otro hermano, también consiguió un empleo gubernamental.
Se consideraba a Pablo Ernesto como la conexión con el juego, las drogas, la
prostitución y otros intereses del crimen organizado que contribuyeron con
dinero para promover las ambiciones políticas de su hermano.
Para la campaña
política del candidato Sánchez Cerro se fundó el partido político la Unión
Revolucionaria con contribuciones obscuras y la asistencia de partidarios
acaudalados como la del minero Lisandro Proaño y sus más notorios asesores y
colaboradores Franco R. Lanatta, un abogado de reputación cuestionable y
ambiciones ministeriales, y el pro fascista Luis A. Flores.
En el bando contrario
el APRA, recibió el respaldo de prominentes leguiístas ansiosos por derrotar a
su enemigo Sánchez Cerro. Dos importantes jefes leguiístas dirigían las
estratégicas secretarías apristas de finanzas y política, además, diplomáticos
estadounidenses reportaron que un importante donante de la campaña aprista de
1931 fue Carlos Fernández Bácula, un ex diplomático «sospechoso de ser un
agente en el tráfico clandestino de narcóticos».
Los crecientes «actos
de corrupción y absurda mala administración de las responsabilidades públicas»
habían alejado a la mayoría de los colaboradores más respetables
de Sánchez Cerro sin embargo, el magnate de la prensa conservadora Antonio
Miró Quesada continuó apoyando las nocivas políticas del presidente
Las crecientes
presiones financieras obligaron al gobierno a retrasar por varios meses el pago
a empleados públicos y personal del ejército. Una solución temporal
pero irresponsable fue drenar al Banco Central de Reserva. Del mismo modo,
las autoridades sanchezcerristas violaban los contratos públicos formales y las
rentas públicas eran «desviadas para fines privados»
En 1933, al morir
Sánchez Cerro, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría el nombramiento del
General Benavides como Presidente para completar el mandato del difunto Sánchez
Cerro. Esta medida contradecía, sin embargo, la nueva Constitución de 1933, que
prohibía a los oficiales militares en servicio activo ocupar la presidencia.
A pesar de los logros
del gobierno de Benavides con respecto a la estabilización política y la
recuperación económica, las prácticas corruptas en el periodo 1933-1939
continuaron, como la obtención del contrato por parte de la empresa Contract
Sales Inc. para la decoración y amoblado del nuevo Palacio de Justicia por
300.000 dólares, mediante el pago de un comisión de «financiamiento de estricta
reciprocidad» de más del 10 por ciento al arquitecto e ingeniero en jefe,
Juvenal Monge.
En diciembre de 1939,
el Presidente Manuel Prado asumió el mando, durante la segunda guerra mundial y
ante la férrea oposición del APRA y la UR, logro la lealtad de los militares
gracias a un presupuesto especial de defensa, financiado a través de préstamos
nacionales reservados. Prado brindó generosas recompensas en la forma de
ascensos militares y paga más alta, para así garantizar el respaldo político de
las fuerzas armadas.
El Presidente Luis
Bustamante, desde el inicio de su mandato en 1945 tuvo una férrea oposición del
APRA, en su primer gabinete estuvo Jorge Basadre que al dejar la cartera de
Educación dijo, “por lo menos fuimos honestos”. Bustamante en 1946 intentó
aplacar al APRA entregándole tres carteras estratégicas: Hacienda, Fomento y
Agricultura. La acrecentada influencia aprista en materia de política económica
se tradujo en el crecimiento de la burocracia estatal, que llegó a ser un 160
por ciento más que con Benavides y 60 por ciento más que con Prado.
Para los apristas,
entre otros, la reforma social justificaba el incremento del gasto público, aun
cuando esto beneficiaba fundamentalmente a la misma burocracia estatal. Del
mismo modo, las políticas de tipo de cambio y controles a las importaciones,
medidas supuestamente necesarias para incrementar las reservas de divisas e
impedir la fuga de capitales, en realidad beneficiaban a quienes obtenían
licencias de cambio y de importación; estos permisos fomentaban privilegiadas
ventajas monopólicas y eran obtenidas mediante la influencia o el soborno. Esto
genero la escasez de los productos de primera necesidad que alimentaba el
descontento popular.
Una temprana medida
ventajosa para las operaciones clandestinas del APRA fue la disolución de la
división de la policía de investigaciones y la «reorganización» general de las fuerzas
policiales presionada por legisladores apristas.
En 1947, Bustamante
rompió abiertamente con el APRA, pero luego cometió el error garrafal de formar
un gabinete integrado por militares, con el que buscaba estabilizar la volátil
situación. Esta dependencia excesiva de las fuerzas armadas abrió las puertas a
una costosa intervención militar.
Una investigación del
Buró Federal de Narcóticos en Nueva York reveló una operación de contrabando de
cocaína a Estados Unidos realizada por Eduardo Balarezo y de sus posibles
vínculos con el partido de Haya, y que además se encontraba suministrando
armas, municiones y fondos al APRA. La posible vinculación del APRA con el
tráfico ilegal de Balarezo fue revelada por la prensa estadounidense y peruana
de 1949-1950.
En 1948, el General
Odría otrora Ministro de Bustamante y acérrimo antiaprista dio a su golpe el
contradictorio título de la «revolución restauradora». Como lo alertaban los
políticos de entonces, su movimiento dictatorial solamente podía mantenerse en
el poder si, «poseía la habilidad de resolver los problemas económicos o de
reprimir con puño de hierro y sobornar a mano abierta».
La dictadura militar
establecida por Odría abrió un nuevo capítulo en la historia de la corrupción
del sector público, implicando profundamente al sector militar que ahora poseía
el control directo del gobierno y sus recursos.
Pedro Beltrán, entonces
presidente del Banco Central, proporcionó los conocimientos de política
económica necesarios para un vigoroso giro hacia principios económicos
liberales que eliminaron los controles de cambios, comercio exterior y precios,
para permitir la recuperación económica y estimular la inversión extranjera.
Los controles intervencionistas «habían tenido como resultado la corrupción,
una intervención gubernamental innecesaria en la industria privada, y habían
alcanzado precisamente efectos contrarios a los deseados».
Sin embargo, a medida
que se acercaban las elecciones programadas para 1950, Beltrán y un sector
importante de la élite económica riñeron abiertamente con Odría y su séquito
militar. Sus principales diferencias concernían a asuntos económicos y
políticos fundamentales, entre los cuales ocupaban un lugar central los asuntos
del fraude electoral y el gasto público repleto de corruptelas y proclive al
déficit.
Al igual que en
dictaduras pasadas, los partidos políticos se derrumbaron dejando atrás a una
pequeña colección de personalidades y grupos oportunistas con un «casi absoluto
carecimiento de principios doctrinales serios», así Odría pudo entonces
suprimir la oposición de élite y a amañar las elecciones de 1950, que
posiblemente fueron las más fraudulentas de toda la historia peruana. Estas
maniobras le permitieron gobernar hasta 1956 con una mayoría abrumadora de
senadores y diputados sumisos y donde los militares de alto rango controlaban
prácticamente todas las carteras.
Los salarios de los
oficiales militares se incrementaron hasta en 25 por ciento y el presupuesto de
defensa militar subió en 45 por ciento, tan solo durante el primer año de
gobierno de Odría.
Odría también buscó
ganarse el respaldo de la creciente población inmigrante llegada del campo a
Lima ofreciéndoles un gasto de bienestar social y permitiendo la toma ilegal de
terrenos baldíos por parte de los residentes en barriadas.
Dispuso que se ejecuten
costosos proyectos de irrigación y de construcción de carreteras, todo esto
genero un creciente déficit presupuestario que presionaba a favor de la
devaluación de la moneda y obligó a incrementar la deuda externa del sector
público, que acababa de ser reestructurada en 1952 tras casi dos décadas de
permanecer impaga.
Todos estos errores de
cálculo económico tuvieron como origen una política deliberada de patronazgo
entre los partidarios militares y civiles del régimen. Un diplomático hizo el
siguiente comentario sobre las redes de clientelaje de Odría: «el esquema es
uno familiar en Latinoamérica: el de un jefe fuerte y capaz rodeado de un grupo
que se beneficia del “patrón” y al cual le muestra lealtad».
Para las elecciones de
1956 ni Odria ni el ARPA habían podido conseguir candidatos con respaldo, es en
esa coyuntura el expresidente Manuel Prado llegó de París para negociar la
promesa de una amnistía, la coexistencia política (la convivencia) y puestos
parlamentarios para el APRA a cambio de apoyo electoral. Prado, asimismo, le
prometió a Odría y a sus ministros inmunidad contra las acusaciones de
corrupción y actos inconstitucionales. Este pacto secreto y turbio, sellado
apenas unas cuantas horas antes de las elecciones, le aseguró a Prado el
triunfo a pesar del vigoroso éxito obtenido por el arquitecto Fernando Belaúnde
Terry.
En junio de 1962, justo
antes de las elecciones presidenciales, la oposición belaundista denunció el
fraude electoral que iban perpetrando los partidos en el poder. Acción Popular,
sostenía que el registro de hasta 200.000 votantes era fraudulento. Unos
cuantos días antes de los comicios, pesquisas judiciales confirmaron la
falsificación de padrones oficiales de votantes, obtenidos ilegalmente, en las
oficinas del APRA y el MDP.
La Junta Electoral
ignoró las serias quejas de fraude y continuó con las elecciones, donde el
líder aprista Haya obtuvo ligeramente más votos que Belaúnde, la Unión Nacional
Odriísta quedó en tercer lugar, pero el 32,9% de la victoria electoral de Haya
no bastaba para satisfacer el requisito legal de las dos terceras partes de los
votos para ser declarado presidente. La tarea de escoger al nuevo mandatario
estaba ahora en manos del Congreso recién electo.
En esta tensa situación
política, el mando militar pidió la anulación de las elecciones. La tensión
creció cuando los partidarios de Belaúnde amenazaron con rebelarse y pidieron
la intervención militar. El 18 de julio de 1962, una junta militar encabezada
por el general Ricardo Pérez Godoy depuso y arrestó al presidente Prado. Las
elecciones fueron anuladas. La junta militar prometió nuevas elecciones al
siguiente año.
Las elecciones
restringidas, arregladas y fraudulentas de 1936 y 1939 con Benavides sembraron
las semillas de procesos electorales similares, especialmente en 1950, 1956 y
1962. Estos sancionaron resultados poco democráticos y la continuidad de
corruptelas en la Administración Pública.
En las disputas
electorales entre 1931 y 1962, a medida que la contenciosa esfera política
desempeñaba un papel crucial, su amañamiento y el fraude condicionaron la
legitimidad de los gobiernos. Se convocaba a elecciones cuando las soluciones
dictatoriales se agotaban y los partidos políticos realizaban pactos secretos
detrás de bambalinas.
En estas décadas de
conflictos armados internos y externos, se descuidaron reformas políticas e
institucionales urgentes, a pesar de los crecientes problemas sociales y
económicos. Estos conflictos sirvieron para encubrir la corruptela oficial y el
abuso en ocasiones despiadado del poder. Las corruptelas militares en la
adquisición de armas ganaron importancia, en un momento en que el papel
político de las fuerzas armadas era de suma importancia, gobiernos de Sánchez
Cerro, Benavides y Odría.
El mal manejo de la deuda pública pasó de
concentrarse en la deuda externa, debido al el cese de pagos de largo plazo y
sus consecuencias, que tuvieron su origen en los excesos de la década de 1920,
a la deuda interna a través de préstamos nacionales, que involucraron a la
banca y camarillas económicas locales durante el gobierno de Benavides y el
primer gobierno de Prado.
En los años 50 e inicios de los 60, la prensa
expuso escándalos e hizo público el perdón de los antiguos líderes corruptos en
la clásica fórmula del «borrón y cuenta nueva» y una vez más volvió a
considerarse que una solución militar, esta vez para impedir un supuesto fraude
electoral, era una opción en medio de la considerable apatía. Estas débiles
bases para el retorno de la democracia en los años de 1960 limitaron la
capacidad de las instituciones peruanas para ponerle coto a la corrupción y
prevenir nuevas intervenciones militares.
El presidente Manuel Prado se lava las manos, acto
que simboliza su tolerancia hacia los múltiples escándalos de corrupción que
plagaron su segunda administración. «¡Al fin hombre, algo limpio en el
régimen!». Por Pablo Marcos, «Marcos». Rochabús 2, n.° 76, 1959.
Capítulo
6 “Asaltos a la democracia, 1963 – 1989
Capítulo
7 “Conspiraciones corruptas, 1990 - 2000
Las elecciones de 1963
despertaron la esperanza de un pronto establecimiento de un orden democrático
más limpio y honrado, sin dictadores venales, políticos inescrupulosos ni
pactos encubiertos; pero para Fernando Belaunde, a pesar de su limpia procedencia
democrática, el sostén político que obtuvo de los militares para vencer al
candidato aprista Haya de la Torre era, tal vez, el pasivo más importante que
sellaría el destino de su gobierno.
La regeneración de la
democracia constitucional peruana, las reformas radicales y las prácticas
«moralizadoras» prometidas por Belaúnde, paradójicamente dependían en gran
medida del viejo y peligroso juego de atraer y recompensar a los militares para
que se alinearan con una de las facciones políticas. Este error estratégico lo
cometió Bustamante ante la presión insurreccional aprista de 1948. En el largo
plazo, el entendimiento implícito entre Belaúnde y los militares fracasó sin
lograr contener la trayectoria sinuosa y desestabilizadora del APRA, partido
que en el pasado había intentado repetidamente penetrar e influir entre la
oficialidad militar.
El respaldo inicial que
las fuerzas armadas le brindaron a Belaúnde dio a los apristas una
justificación histórica para oponerse duramente a su gobierno. El APRA formó
una coalición reaccionaria e inescrupulosa con la Unión Nacional Odriísta para
controlar el Congreso y contrarrestar la popularidad inicial de Belaúnde quien,
en su primer discurso presidencial, había prometido resolver prontamente la
cuestión de La Brea y Pariñas.
El ambicioso programa
reformista de Belaúnde pasó así a ser presa de las presiones tanto
parlamentarias como militares. Varios de los ministros de Belaúnde fueron
censurados por la oposición así que harto de este obstruccionismo
parlamentario, Belaúnde consideró realizar un referéndum para respaldar las
iniciativas del ejecutivo y eligió a más ministros militares para ocupar
puestos claves de su gabinete.
La toma de decisiones
por parte de Belaúnde se vio limitada aún más por un grupo de asesores y amigos
íntimos conocidos como los «carlistas», llamados así porque varios se llamaban
Carlos, entre ellos el acaudalado industrial Carlos Ferrero, y los empresarios
y parientes Carlos Velarde y Carlos Muñoz. Según un analista político
extranjero, «los líderes de AP creen que el patronazgo es una recompensa
natural del control político».
Tradicionalmente, esta
red de «amiguismo» había anidado en el ejecutivo, fuertemente concentrado en
Lima a pesar de los intentos de descentralización. Dicha burocracia ejercía un
tipo particular de democracia elitista, tutelar o guiada, que generaba excesos
burocráticos e ineficiencia.
Los primeros indicios
de gestiones impropias de la administración Belaúnde incluyeron el favoritismo
y el tráfico de influencias en los contratos del gobierno. A comienzos de1966
el gobierno había cancelado, con el raro respaldo parlamentario de la coalición
APRA-UNO, un contrato previo con una empresa anglo alemana para un proyecto en
la cuenca del Mantaro. El contrato se otorgó a un contratista italiano que
había presentado una propuesta económica un 15 por ciento más baja. Sin
embargo, el nuevo contratista tomó más tiempo en terminar el proyecto y el
costo subió a 237 millones de dólares, casi 140 por ciento más de lo
originalmente presupuestado.
Otra temprana
indicación de mala administración fue proporcionada por una comisión
investigadora parlamentaria integrada por el joven diputado Vargas Haya en los
años 1963-1965. La investigación se centró en los tratos realizados por el
Fondo Nacional de Desarrollo Económico (FNDE) y Socimpex, una compañía
francoperuana encargada de financiar proyectos de electrificación. Con la
complicidad de los funcionarios del FNDE, Socimpex había cobrado excesivamente
por concepto de intereses más de 10 millones de dólares al gobierno peruano.
El descubrimiento del
contrabando entre 1962 y 1967, en
general y el transportado por barcos de la marina peruana y para almacenes
militares en particular, tendría una gran importancia para política nacional;
según una fuente diplomática estadounidense : «No cabe duda de que para fines
de 1967, el contrabando de artículos de lujo y otros bienes al Perú se había
vuelto un negocio masivo y bien organizado, que operaba evidentemente con el
conocimiento y la complicidad de altos funcionarios civiles y militares del
gobierno peruano»
Estos incidentes eran
las primeras manifestaciones de una creciente corruptela en el gobierno y las
instituciones militares, un escándalo listo para estallar bajo las condiciones
políticas y económicas apropiadas.
La crisis final del
acosado gobierno de Belaúnde, se debió a que luego de la firma del contrato que
sancionaría la entrega de los derechos de superficie y subsuelo de La Brea y
Pariñas al Estado peruano, en una declaración pública el presidente de la
Empresa Petrolera Fiscal informó que faltaba una página del contrato original,
la infame página once, en la cual él había firmado y estipulado de su puño y
letra la base para el precio del petróleo que la EPF le vendería a la IPC para
su refinamiento.
El escándalo de la
«desaparición» de la página once y las acusaciones de una abyecta capitulación
o «entreguismo» a la IPC era, según lo indican todas las evidencias, parte de
una campaña política que acusaba al régimen de Belaúnde de traidora corrupción.
Un grupo de conspiradores militares aprovechó el escándalo para justificar
públicamente y llevar a cabo un golpe de Estado que trajo consigo cambios
drásticos en la conformación política, social y económica del país y sus
instituciones.
El gobierno militar 1968
– 1980, se inició con una declaración de Velasco y sus asesores más cercanos en
el que anunciaron que eran cuatro las causas principales de la intervención
militar contra la democracia: (i) el imperativo de defender la «dignidad»
nacional, herida por la IPC y el escándalo de la «página once»; (ii) introducir
reformas socioeconómicas estructurales; (iii) contener el peligroso deterioro
de las condiciones políticas civiles, que abrían las puertas a una victoria
electoral aprista y la insurrección comunista; y (iv) superar la degradación
moral del país.
La reforma agraria de
1969, muy alabada en ciertos sectores por redistribuir verticalmente la tierra
de modo más equitativo, contribuyó a una caída de la productividad agrícola que
redujo las agro exportaciones y generó una mayor dependencia de las
importaciones de alimentos, sin llegar a resolver los problemas de la inmensa
mayoría de los trabajadores del sector agrícola. Los abusos y la corrupción en
la implementación de la reforma y en el manejo de las recién formadas
cooperativas agrícolas se extendieron.
El caso más conspicuo
de ineptitud económica fue el manejo de la industria pesquera por parte de
empleados estatales, hecho que llevó a una captura excesiva, así como a la
expropiación y demolición de la capacidad empresarial de este sector productivo
clave. Más aún, los recursos del sector pesquero administrados por Pescaperú se
usaron para promover un patronazgo político reaccionario acosta de los
trabajadores y consumidores, en consecuencia, los peruanos tuvieron
significativamente menos pescado que comer.
El monstruoso
crecimiento de la deuda externa se debió en gran parte a una administración
ineficiente, la ejecución de proyectos improductivos y a la corrupción.
Durante el régimen
militar, el patronazgo y la corrupción se beneficiaron del cambio institucional
radical que demolió las débiles bases de la democracia política en el Perú.
La reorganización de la
judicatura a través de la inconstitucional Ley Orgánica del Poder Judicial,
decreto 18060, privó al país de un sistema judicial realmente independiente,
puesto que los jueces eran nombrados y estaban sujetos a confirmación por el
poder ejecutivo.
El arresto de un juez
de la Corte Suprema que había intentado contrabandear diamantes a Estados
Unidos usando su pasaporte diplomático le sirvió al gobierno militar para
acusar a la Corte Suprema de prácticas corruptas. Otros jueces experimentados y
honrados fueron así despedidos y reemplazados por magistrados mediocres y a
menudo corruptos. Los observadores extranjeros concluyeron que en la práctica
el imperio de la ley había quedado abolido. La desconfianza hacia el poder
judicial creció y pasó a ser un rasgo más o menos permanente en el seno de la
opinión pública.
El control ideológico y
represivo inicialmente ejercido sobre la prensa se hizo absoluto con la
expropiación de todos los medios de comunicación masiva en 1974. Los ingresos
de los periodistas asalariados pasaron a depender del Estado, por lo que
comprometieron su pluma y su conciencia, varios se dedicaron a difamar a la
oposición política y a llevar a cabo campañas para manipular a la opinión
pública.
En 1975, una política
modernizada para estimular la exportación de manufacturas «no tradicionales»,
de textiles en particular, tuvo ciertos resultados positivos iniciales gracias
a incentivos tributarios, financieros y subsidios bajo la forma del Certex, que
pronto pasaron a ser mecanismos de tráfico de influencias por parte de falsos
exportadores.
En la década de 1970,
el aumento explosivo de la producción y contrabando de cocaína planteó
problemas insolubles para el cumplimiento de las leyes, el sistema de justicia
criminal y el imperio de la ley. Desde al menos mediados de los años sesenta,
algunos cárteles de drogas ricos y poderosos infiltraron y sobornaron a las
autoridades.
En 1978 se dio inicio a
la transferencia del poder con la elección de la Constituyente de 1978. Los
asambleístas del APRA y del PPC diseñaron una Constitución con serios defectos,
en un intento por resolver los impases entre el ejecutivo y el legislativo que
habían resultado evidentes en los pasados regímenes democráticos, la Carta de
1979 fortaleció al primero y debilitó al segundo.
El descubrimiento de
los escándalos de corrupción bajo las condiciones institucionales distorsionadas
impuestas por el régimen militar quedó limitado por el control dictatorial del
poder judicial y los medios de comunicación masiva, por otro lado, la ausencia
del poder legislativo era imposible una investigación parlamentaria de los
casos de corrupción descarada en el sector público.
El orden democrático
inaugurado en julio de 1980 contó con el inicial y entusiasta respaldo de una
gran parte de la ciudadanía peruana, lastimosamente el nuevo régimen se
apresuró a apaciguar a los todavía influyentes militares, declarando que no
tenía intención alguna de buscar represalias ni restituciones.
Entre algunos de los
casos de corrupción más saltantes del segundo gobierno de Belaunde se tiene, en
1982 el caso Bertello en el que el BCR y el BN usaron 30 millones de dólares en
el fracasado rescate estatal de Bancoper, el haber “apoyado” al grupo venezolano Vollmer, en la venta de Irrigadora
Chimbote S. A, el caso Guvarte, por prisiones «de última generación», el caso
Mantaro y el Pachitea por haber aceptado una deuda de 73 millones de dólares
por la «compra» de dos naves de carga inútiles, pero tal vez el caso más
escandaloso de abuso involucró el uso de los incentivos fiscales del Certex,
entre los cuales se encontraban los propietarios de Confecciones Carolina, que
recibieron pagos del Certex por el envío de contenedores con exportaciones «no
tradicionales» falsas.
Estos cargos no
avanzaron debido a obstáculos parlamentarios y judiciales asociados con el
principio político de «borrón y cuenta nueva», aplicado durante el gobierno
siguiente de Alan García en 1985.
Durante el gobierno de
Alan García la política económica central fue diseñada por un pequeño grupo de
estrategas económicos «heterodoxos» de inclinación izquierdista y se la utilizo
para manipular el manejo económico para conseguir resultados políticos.
Estas políticas
favorecían los controles de precios, importaciones y divisas extranjeras, todas
ellas fuentes principales de un abusivo poder discrecional, favoritismo y
tráfico de influencias
Los grupos empresariales
nacionales cuyos líderes pasaron a ser conocidos como los «doce apóstoles» por
su compromiso con García, de los cuales los más importantes de ellos habían
contribuido discreta pero generosamente a su campaña presidencial, fueron
favorecidos entre otros con el dólar subsidiado (MUC), estas “buenas
relaciones” duraron dos años hasta que García decidió estatizar la Banca.
Las primeras señales y
percepciones de renovada corrupción aparecieron debido a la presencia cada vez
mayor de militantes y simpatizantes apristas en los puestos e instituciones de
la Administración Pública. La competencia técnica y el mérito pesaban menos que
el auspicio partidario.
El desastroso desempeño
económico que condujo a tasas de inflación de cuatro dígitos y a una caída del
14 por ciento del PBI incrementó la presión contra el régimen aprista,
conjuntamente con los casos de corrupción en obras y contratos, como del tren
eléctrico, Chavimochic, el corte de parte de la compra de veintiséis aviones
caza mirage 2000 pactada por el gobierno de Belaúnde y el caso del Banco BCCI,
por haber arreglado un depósito de hasta 250 millones de dólares de las
reservas del BCR.
En 1990, aunque no
contaba con una auténtica organización partidaria, Fujimori ganó la segunda
vuelta de las elecciones en junio, capitalizando los votos que, en la primera
vuelta, habían apoyado las opciones del APRA y de la izquierda.
Gracias a evidencias de
fuentes audiovisuales, periodísticas y judiciales, así como de testigos sujetos
a la colaboración eficaz, difundidas ampliamente tras la caída del régimen
fujimorista, implicando a más de 1.600 personas en complejas redes de
corrupción, fue posible ubicar detalladamente parte importante de la corrupción
sistemática heredada y ampliada por Fujimori y su asesor Montesinos.
La creciente
corrupción, ligada al tráfico de narcóticos entre las fuerzas policiales,
ofreció la oportunidad al dúo Fujimori-Montesinos para reordenar rápidamente
los escalones superiores de la policía. En su discurso inaugural, Fujimori
lanzó una campaña «moralizadora» contra la corrupción heredada, en una temprana
muestra de su demagógico estilo de pragmatismo.
Una experta evaluación
auspiciada por la agencia estadounidense USAID y preparada por juristas
peruanos concluyó, en septiembre de 1991, que la crisis del sistema judicial
era, bajo las presiones de una corrupción a gran escala, el tráfico de drogas y
el terrorismo, un campo de cultivo para la violación de los derechos humanos.
El golpe de 1992, fue
justificado ideológicamente como necesario para conseguir la derrota del
terrorismo y hacer las reformas económicas que se requerían, el gobierno apoyó
la implementación de políticas económicas neoliberales, al mismo tiempo que
facilitaba la corrupción para alimentar mecanismos informales y ocultos que
sustentaban una guerra sucia contra la subversión y el terrorismo. La
corrupción era un medio con el cual alcanzar, consolidar y mantener el poder
autoritario y abusivo. Este principio distorsionado ha sido denominado la
«economía inmoral» del fujimorismo.
En los años 1991 al
2000 adicionalmente a la destrucción de la poca institucionalidad que quedaba
en el Perú, entre los principales actos de corrupción del periodo tenemos, el
caso de las donaciones japonesas, la importación de mercadería China, los
subsidios secretos al SIN, el «fondo de contingencia» acumulado principalmente
de los fondos de las pensiones militar y policial, las comisiones ilegales de
las compras de armas y fondos de privatización, los sobornos a los medios de
comunicación, el rescate de los bancos BW y Latino, el caso Yanacocha, la recompra de bonos de la deuda, las compras
militares en el periodo 1995-1998, las obras publicas entregadas a empresarios
amigos a “dedo”, los RUC sensibles, la falsificación de firmas para la rere
elección y el tráfico de drogas.
En la historia del Perú
ha habido varios ejemplos clásicos de entendimiento dual en la cúpula de
gobiernos signados por el abuso del poder: el virrey Amat-asesor Salas,
Gamarra-Gutiérrez de La Fuente, Echenique-Torrico, Balta-Piérola,
Piérola-Dreyfus, Leguía-Ego- Aguirre, Odría-Noriega, Velasco-Tantaleán y
García-Mantilla, entre otros. Sin embargo, el dúo Fujimori-Montesinos
probablemente superó a todos ellos en términos del alcance y profundidad de la
corrupción.
Estimados
de los costos de la corrupción por década, Perú, 1900-1999
|
Década |
I
Manejo Irregular de la deuda pública |
II
Corrupción presidencial y militar |
III
Sobornos en las adquisiciones y los servicios públicos |
IV
Pérdidas indirectas al contrabando y al narcotráfico |
V
Inversión indirecta perdida |
VI
Promedio anual total |
|
1900-1909
|
0.1
|
0.5
|
0.5
|
0.7
|
0.4
|
2.2
|
|
1910-1919
|
0.3
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.0
|
|
1920-1929
|
2.1
|
5.0
|
9.0
|
7.0
|
8.0
|
91.1
|
|
1930-1939
|
1.0
|
3.0
|
5.5
|
3.0
|
4.0
|
16.5
|
|
1940-1949
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
8.0
|
5.0
|
29.0
|
|
1950-1959
|
2.9
|
18.0
|
25.0
|
12.0
|
10.0
|
67.9
|
|
1960-1969
|
8.6
|
15.0
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
178.6
|
|
1970-1979
|
98.0
|
30.0
|
60.0
|
190.0
|
240.0
|
618.0
|
|
1980-1989
|
150.0
|
60.0
|
100.0
|
400.0
|
300.0
|
1.010,0
|
|
1900-1999
|
165.0
|
120.0
|
153.0
|
600.0
|
1.000,0
|
2.038,0
|
(Promedio anual por década en millones de
dólares corrientes)
Fuente:
(a) Oxford Latin American Economic History Database, comparada y corregida para
tener en cuenta la inflación, usando (b) Bruno Seminario y Arlette Beltrán,
Crecimiento Económico del Perú... cuadros V.1 Y X.2, pp. 174-177 y 259-262;
(c).
Comparación
de costos y niveles de corrupción, Perú, 1900-1999
(Promedios anuales por década en millones de
dólares corrientes)
|
Década
|
I
PBI (a, b) |
II
Gasto Gubernamental (a, b) |
III
Costo de la corrupción (c) |
IV
Nivel del gasto III/II % |
V
Nivel del PBI III/I % |
|
1900-1909
|
230
|
8,9
|
2,2
|
25
|
1,0
|
|
1910-1919
|
445
|
17,8
|
5,0
|
28
|
1,1
|
|
1920-1929
|
809
|
43,2
|
31,1
|
72
|
3,8
|
|
1930-1939
|
539
|
36,4
|
16,5
|
31
|
3,1
|
|
1940-1949
|
866
|
69,2
|
29,0
|
42
|
3,3
|
|
1950-1959
|
1.883
|
149,0
|
67,9
|
46
|
3,6
|
|
1960-1969
|
4.863
|
571,0
|
178,6
|
31
|
3,7
|
|
1970-1979
|
12.540
|
1.464,0
|
618,0
|
42
|
4,9
|
|
1980-1989
|
25.303
|
2.889,0
|
1.010,0
|
35
|
3,9
|
|
1990-1999
|
45.624
|
4.090,0
|
2.038,0
|
50
|
4,5
|
Fuente: (a) Oxford
Latin American Economic History Database, comparada y corregida para tener en
cuenta la inflación, usando (b) Bruno Seminario y Arlette Beltrán, Crecimiento
Económico del Perú... cuadros V.1 Y X.2, pp. 174-177 y 259-262; (c).
2. Algunas Conclusiones Históricas y
de Sentido Común
En el Virreinato, la
falta de institucionalidad inducida por la voluntad de los Borbones de
centralizar el Estado y no darle cabida a criollos y autóctonos fue el origen
de la corrupción que se dio de diferentes formas en el Virreinato: (i) las
ganancias ilegales e indebidas del Virrey, obtenidas mediante la distribución
injusta e interesada de cargos oficiales, y comisiones cobradas por contratos y
tratos privados ajenos a los intereses de la corana; (ii) las ganancias
irregulares y abusivas obtenidas por los titulares e interinos de cargos
obtenidos por favor, como los de gobernador, corregidor y oidor; (iii) las
ineficiencias administrativas como el retraso interesado en el cobro de deudas
y el descuido en la supervisión y el mantenimiento de las minas, (iv) las rentas
no recabadas como el quinto real y la alcabala, (v) las pérdidas debido al
comercio de contrabando de bienes extranjeros adquiridos a cambio de plata no
gravada, (vi) un ejército desmotivado por las diferencias entre peninsulares y
criollos.
Al carecer de una
tradición significativa de pesos y contrapesos constitucionales y una división
de poderes, las nuevas estructuras de poder surgidas en la década de 1820 se
basaron en redes de patronazgo muy bien arraigadas, que fueron dominadas por
los caudillos militares quienes a su vez heredaron la influencia de los
oficiales militares del tardío sistema colonial
En resumen, podemos
observar que las bases de nuestra República se sentaron en acciones y actitudes
personales y no institucionales, atribuibles tanto a la burocracia como a los
militares.
En toda nuestra
historia republicana hemos podido observar que siempre han sido los mismos
actores los que de una u otra manera se han coludido para saquear a nuestra
Patria.
La Elites, que por
siempre han sido los grupos de poder político corruptos y patrimonialistas,
militares ambiciosos, incapaces y prepotentes, jueces angurrientos y corruptos,
los funcionarios públicos ineficientes y oportunistas y los malos empresarios,
desde los mercantilistas hasta los interesados en negocios con el Estado para
hacer plata y fortunas rápidas a costa del erario nacional, el empobrecimiento
del Estado y la ignorancia de los ciudadanos.
Hemos podido observar a
través de la historia que ninguna de las Instituciones del Estado, como la
Presidencia de la Republica, el Congreso, el Poder Judicial y el Ejercito han
operado como Instituciones autónomas, independientes y bajo el mandato y
cumplimiento de sus leyes orgánicas, reglamentos y la Constitución, como manda
un sistema Republicano.
A través del tiempo solo se ha perfilado y
consolidado un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser
cumplidas, y donde el patrimonialismo a campeado en cada periodo de la historia.
La corrupción ha sido y
es un atentado contra el desarrollo nacional y una perdida continua de
importantes oportunidades para poder sacar de la pobreza a millones de
peruanos, incluirlos en el mercado y mejorar su calidad de vida.
3. La Institucionalidad y
Transparencia como vacuna contra la Corrupción
La persistencia
histórica de la corrupción sistémica ha estado íntimamente ligada a una
tradición institucional y política, centrada en un poder ejecutivo patrimonial,
que minaba los pesos y contrapesos necesarios. Desde el patronazgo de virreyes
y caudillos a las dictaduras autoritarias militares y cívico-militares, el
presidencialismo sin controles mediante el gobierno por decreto, los congresos
sumisos y lobistas, la democracia dirigida y los pactos electorales
oportunistas, el Perú ha vivido un continuo de incentivos institucionales e
informales a las ganancias corruptas
La falta de
institucionalidad en el Perú requiere de una genuina reforma institucional que
implica modernizar simultáneamente las normas constitucionales del legislativo,
el poder judicial, el ejecutivo, partidos políticos y los sistemas privados
Se requiere de una
reforma constitucional exhaustiva para así garantizar una independencia
efectiva de los tres poderes del Estado, la existencia de pesos y contrapesos,
la descentralización y la erradicación de las fuerzas informales opuestas a las
instituciones formales que regulan las interacciones sociales modernas
Las reformas deben
incluir una ley que establezca los principios reguladores generales del
financiamiento político, las donaciones en las campañas y los marcos formales
de las organizaciones partidarias, los partidos políticos no están obligados a
cumplir estrictamente con informes detallados sobre sus finanzas y donaciones,
necesarios para su escrutinio público
Una reforma judicial
exhaustiva debiera buscar modernizar, simplificar y reducir los costos de los
juicios, y contemplar cierto grado de supervisión ciudadana hacia los jueces.
4. La Institucionalidad en
la Economía*
En este artículo se
repasan los puntos fundamentales del documento del premio Nobel de economía
1993 Douglass C. North ―”Institutions”. Las
instituciones proporcionan una infraestructura que sirve a los seres humanos
para crear orden y reducirla incertidumbre.
Douglas North,
estadounidense 1920 – 2015, Premio Novel de Economía 1993, pensaba que los
cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos para explicar
el desarrollo económico. Factores, políticos, sociales y económicos inciden
sobre las instituciones y los grupos sociales; son aquellos grupos que ocupan
posiciones sociales dominantes los que si detectan que las instituciones no
responden a sus intereses, fuerzan los cambios
En su opinión, la tarea
principal de cualquier conjunto de instituciones es limitar la violencia entre
las personas. Se enfoca en dos conjuntos de instituciones, que llama órdenes
sociales y que cumplen esta tarea, pero que también tienen diferentes efectos
en el crecimiento económico
El primer conjunto de
instituciones se denomina "órdenes de acceso limitado" y se
caracterizan por el control de la élite de los sistemas políticos y económicos
para extraer rentas. La violencia es limitada porque los actores más poderosos
mantienen la ley y el orden para proteger sus rentas
El segundo conjunto de
instituciones que North propone se llaman "órdenes de acceso abierto"
y limitan la violencia a través de un ejército controlado políticamente. Estas
sociedades permiten a cualquiera que cumpla con ciertos criterios impersonales formar
organizaciones políticas y económicas, lo que resulta en un Proceso
Schumpeteriano de "Destrucción Creativa". El ejército limita la
violencia social, y los actores políticos que controlan este ejército se ven
limitados por la constante competencia política y el poder económico que
conlleva este proceso de destrucción creativa.
A diferencia de las
instituciones de “órdenes de acceso limitado”, los “órdenes de acceso abierto”
estimulan el crecimiento económico ya que las soluciones a los desafíos económicos
y políticos pueden provenir de cualquier individuo en la sociedad, en lugar de
unos pocos elegidos
North argumenta que los
órdenes modernos de acceso abierto surgieron de órdenes de acceso limitado a
través de un proceso de dos pasos: primero, la aplicación de leyes impersonales
a las élites y la consolidación del poder militar, y segundo, la extensión de
los privilegios de élite al resto de la sociedad. Esta explica la legitimidad
de las elecciones en diferentes sociedades y explica por qué el crecimiento
económico es más consistente en los órdenes modernos de acceso abierto que en
los órdenes de acceso limitado
Joseph Schumpeter, austriaco
1883 – 1950, popularizo el concepto “Destrucción Creativa” en su libro
Capitalismo, socialismo y democracia (1942), que en economía es un concepto
ideado por el sociólogo alemán Werner Sombart
"El proceso de
Destrucción Creadora", escribe Schumpeter, "es el hecho esencial del
capitalismo", siendo su protagonista central el emprendedor innovador. Las
innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un
crecimiento económico sostenido a largo plazo, pese a que puedan destruir en el
camino el valor de compañías bien establecidas
La función de los
emprendedores es la de reformar o revolucionar las formas de producir poniendo
en uso una invención o, más en general, una posibilidad tecnológica aún no
probada de producir una mercancía nueva o de producir una ya conocida en una
forma nueva.
*Tomado
de: ebour.com.ar/pdfs/Instituciones
5. Transparencia digital para evitar
la Corrupción
En primer lugar las
elites deben tomar en serio el modelo de la Constitución de Filadelphia y la
Declaración Francesa donde los tres órganos esenciales del Estado, Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, deben estar en diferentes manos y con atribuciones
definidas constitucionalmente; separación que debe quedar bien delimitada según
Montesquieu, porque “todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar de él,
va hasta donde encuentra limites, por lo que, para que no se pueda abusar del
poder, es necesario que el poder detenga al poder”.
En la actualidad los
ciudadanos sienten el mayor desafecto por nuestros representantes políticos y
es fácil que se escuche la consabida frase de “todos son iguales”.
Parafraseando a nuestro Presidente en su mensaje a la Nación, la corrupción
política alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen del Perú
Frente a este tsunami
de corrupción que amenaza con barrer además de la confianza de los ciudadanos,
la paz social, luego de asumir los conceptos político constitucionales
republicanos, hay una única solución pragmática que el gobierno y la oposición
pueden tomar, que es la de iniciar la Reforma del Estado con la modernización
de todas sus actividades, que debe incluir la digitalización de todos los procesos
debiendo estar estandarizados y ser de simple acceso, esto en todo el aparato
administrativo del Estado, facilitando la transparencia a través de la
rendición de cuentas, con sistemas de control reforzados y supervisados por
direcciones de auditoría interna cualificadas e independientes, y el
cumplimiento estricto de la ley sin excepciones, actualizando la Ley de
Transparencia, para dar un mensaje claro a los ciudadanos y a las instituciones
que reciben fondos del sector público, que el compromiso contra la corrupción
es total, ya que solamente una ciudadanía realmente informada y educada podrá
vencer la recalcitrante «cultura» de la corrupción.
El endurecimiento de
las penas, la mayor agilidad procesal, el aumento del plazo de prescripción de
los delitos o su imprescriptibilidad, el reglamento del cargo público y la
auditoría de todos los cargos públicos al final de su mandato, son medidas
ejecutables para parar la corrupción en el corto plazo.
Para lograr esto en el
cortísimo plazo acudamos al apoyo y trabajo conjunto con las instituciones de
la empresa privada donde llevan años trabajando en reforzar los sistemas de
control interno y de gestión de riesgos, el clima ético, las políticas
anticorrupción y el establecimiento de Códigos de Buen Gobierno Corporativo
En la empresa privada
es comúnmente aceptado que a través del control interno, el consejo de
administración, la dirección y demás personal de la organización, se lleve a
cabo un exhaustivo seguimiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones,
de la fiabilidad de la información financiera, del cumplimiento de las normas
aplicables y de la salvaguarda de los activos de la empresa
Digitalizar el Estado,
imponiendo el Gobierno y Comercio electrónico en todos sus estamentos debe ser
una política de Estado prioritaria y de urgente ejecución, la transparencia
digital es la única forma de parar la corrupción al transparentar cada acto y
compra pública y esto se hace únicamente digitalmente, un mal, pero eficiente
ejemplo es, “el chuponeo” de las comunicaciones telefónicas y por internet de
funcionarios públicos y autoridades, de acuerdo ley
Ha llegado el momento
de que los representantes políticos, que tienen la responsabilidad de
administrar y gestionar las instituciones públicas, promuevan las mismas
exigencias para el gobierno de estas, que las ya han adoptado por exigencia de
la ley las empresas privadas en general y las que cotizan y desean cotizar en
Bolsa en particular.
Para terminar, una
Nación pobre tiene un Estado pobre, con servicios básicos paupérrimos, con un
sistema de justicia ineficiente y corrupto, con unas Fuerzas Armadas
desmotivadas, una Policía Nacional ineficiente y corrupta, empresarios
comparativamente pobres e informales, un mercado pobre, una prensa interesada y
corrupta entre otros desastres, y el Perú siendo rico en recursos naturales ha
sido empobrecido por la corrupción e ineficiencia de sus elites hace más de
tres siglos, ya es hora de parar el circulo vicioso del amiguismo y corrupción
e iniciar una nueva República.
Comentarios
Publicar un comentario