EL DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIENO ABIERTO.

Por Víctor Hugo Chanduví / Manuel Bermúdez Tapia (Temas de Gestión Pública: 2016, Fondo Editorial Upao)

RESUMEN presente trabajo pretende analizar la democracia dentro de dos aspectos centrales en el  ámbito gubernamental: la gestión de la administración pública y la participación de la ciudadanía.

La función pública está ligada a la administración Pública, pero se forma sobre su rol en la vida social; pero también se puede variar su dimensión en la medida que le asigne a la administración.

Sin embargo, todo punto de inicio se concentra en el análisis de la democracia y a pesar de sus limitaciones en el plano relacional nacional, consideramos que resulta imprescindible teorizar al respecto, porque de lo contrario resultaría infructuoso desarrollar aspectos de teoría política con temas como gobernabilidad, gobernanza y gobierno abierto.

El objetivo principal en este proceso es la procura de la materialización de la gobernanza en el país, pero este proceso presenta un problema material: las difíciles condiciones en las cuales se desarrolla el régimen democrático que permita su institucionalidad y genere un mecanismo más óptimo en la gestión de los recursos públicos para así atender de manera más inmediata a las necesidades sociales existentes en el territorio nacional.

Palabras Claves: Democracia, gestión de la administración pública, participación ciudadana, constitución.

I. LA DEMOCRACIA COMO TEMA DE EVALUACIÓN INDIRECTO FRENTE AL CONTEXTO NACIONAL.

En el Perú de inicios del segundo milenio, nos encontramos en una situación en la cual los factores que inciden en el desarrollo nacional provienen de diferentes sectores y bajo niveles de incidencia variados.

La incidencia del factor económico es uno de estos elementos que debemos evaluar, en particular para relacionar sus efectos tanto positivos como negativos en el proceso de consolidación democrática en el país. El término economía describe la estructura de la vida, o actividad, económica en una comunidad en una región, en un país, en un grupo de países o en el mundo ( William A. Mc Eachern,1982)

En términos positivos, el fortalecimiento de la economía permite a la ciudadanía acceder a nuevas fuentes de trabajo y de empleabilidad, con lo cual el nivel de accesibilidad al mercado laboral se ha optimizado durante los últimos años.

En forma complementaria, el acceso a nuevos productos en un mercado local cada vez más amplio, le ha permitido al ciudadano acceder a diferentes bienes que usualmente eran considerados o inaccesibles o superfluos.

Dicha bonanza económica ha significado también el incremento de la noción de necesidades y nivel de accesibilidad a nuevos productos para el ciudadano común, lo cual permite suponer que también tiene una mejor referencia sobre lo que implica gestión pública, en particular en lo que lo vincula con el Estado.

De esta manera el ciudadano común, por la sola percepción de su contexto particular en la comunidad puede evaluar mejor los servicios públicos que proporciona el Estado y a pesar de las limitaciones que existen en el ámbito público, al parecer esta “evaluación” no se realiza, ya sea por desidia o porque todavía no existe la interiorización de estos mecanismos de evaluación.

Servicios como el de salud, de transporte, de seguridad ciudadana resultan cuestionables y criticables por la ciudadanía, sin embargo este nivel se limita sólo a un contexto ajeno al acto propio de involucrarse en la gestión pública.

Este problema es usualmente el mayor de los problemas que se presenta en el ámbito de la evaluación de los problemas sociales y de legitimación de la democracia en el país.

A la par, el desarrollo de los contextos políticos no ha sido una tarea sencilla en el país. Prácticamente el cuestionamiento ético y penal a casi todos los sectores políticos es un tema de análisis diario y cotidiano en el país, al nivel que prácticamente se asume una posición indiferente con la corrupción, tanto de la manifiesta como de aquella que se “conoce” pero que no es valorada en su real dimensión.

Frases como por ejemplo: “hace obras, es lo importante, no importa si roba”, constituyen referencias negativas que cuestionan todo el proceso democrático nacional, en particular porque le permiten al ciudadano cuestionar su propia estructura gubernamental, pero también le permiten alejarse de la misma.

Esta autoexclusión del sistema político nacional, genera un precedente negativo en la comunidad, principalmente porque limita la participación política en los procesos electorales de ciudadanos con una mayor capacidad, tanto en lo político, como en lo vinculado a la gestión ante una entidad pública o privada.

Dicha autoexclusión genera que la participación de aquellos ciudadanos con mejor y mayor capacidad, involucra que los menos capacitados o los más cuestionados políticamente en lo ético y profesional continúen participando en el sistema político.

El ejemplo es cotidiano en el ámbito del “reciclaje” político, por lo cual una persona acusada por corrupción al pasar el tiempo tiene la posibilidad de reingresar al sistema político nacional.

En tercer nivel de análisis, debemos señalar que la propia sociedad ha evolucionado, probablemente sin una valoración o positiva o negativa en dicho proceso, en mérito sobre todo a los contextos en los cuales han incidido de manera significativa los siguientes factores: a) el terrorismo y todo el proceso de violencia proveniente de la lucha por el control del poder de manos de grupos terroristas; b) el proceso de migración constante y paulatino de las zonas andinas y amazónicas a las ciudades, c) el desarrollo de una cultura combi proclive al reconocimiento de los valores flexibles y personalizados de los parámetros legales y formales de la comunidad y d) el crecimiento demográfico nacional.

El último punto es importante, porque esto nos permite observar como consecuencia, lo siguiente: a) el posicionamiento del grupo humano identificado como “mujeres” como categoría a nivel de género y como patrón de evaluación en lo político, económico y social, b) el enfoque de políticas públicas a poblaciones con una condición de minoridad de edad, en particular para articular niveles de gestión específicos (educación, salud, regulación de leyes que repriman la violencia familiar, etc.), c) el reconocimiento a las poblaciones de la tercera edad, como segmento social de importancia significativa, d) el reconocimiento de las poblaciones indígenas en el ámbito de la gestión pública.

Todo lo descrito genera un sistema complejo, multidisciplinario y multisectorial que involucra la necesidad de relacionar a cada uno de estos factores en su incidencia con la democracia.

Por ello la democracia como estructura política y social no puede ser expuesta como una herramienta limitada a los efectos de referencia social, muy por el contrario, ambos niveles de relacionan y son interdependientes entre sí. Por tal motivo el Estado a través  de sus actos y procedimientos concretos que él practica para hacer que sus fines sean una realidad (Fortunato Sánchez, 1987)

La sociedad en su conjunto no es ajena a los ámbitos democráticos y probablemente su auto excusión responda más a los problemas en los cuales el Estado a través de sus entidades e instituciones, no logra comunicarse con la ciudadanía en términos eficaces o directos.

Las autoridades políticas todavía no han valorado la importancia de estos procesos de comunicación intersectorial en toda la sociedad nacional, principalmente para así tener un mejor nivel de legitimidad y ámbito de ejercicio en cuanto a la disposición de sus fines.

En este espacio todavía ambiguo y complicado al momento de una evaluación, podemos señalar que la democracia se encuentra en un segundo nivel de referencia, no tanto porque resulte ajeno al ciudadano común, sino porque la ciudadanía no logra interiorizar la importancia de la democracia en el desarrollo de la institucionalidad del propio Estado.

II.  LA INTERIORIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA CIUDADANÍA.

Para entender el proceso democrático en un determinado país, como el nuestro, debemos iniciar una evaluación sobre cómo la ciudadanía lucha por preservarla.

Este proceso resulta casi implícito bajo el contexto contemporáneo principalmente porque los mecanismos de optimización democráticos no constituyen una agenda ejecutable en el plazo inmediato.

Esta “agenda del futuro”, permite señalar que tanto la ciudadanía como el propio Estado a través de sus instituciones son conscientes de los problemas existentes, pero que trasladan la solución de los mismos a otras personas y a otro contexto histórico, como si la solución fuera imposible en una perspectiva actual.

De esta manera el proceso inicial democrático de los años ochenta del siglo pasado en la región latinoamericana no ha tenido un desarrollo superlativo en los siguientes años, principalmente debido a los regímenes políticos en cada país, que lejos de mejorar la percepción social de la democracia, la vapulearon por mecanismos de institucionalización de procesos vinculados al caudillaje político, corrupción e ineficiencia en la gestión pública, al nivel de denominarse dicha época como la “década perdida”.

A pesar de ello, en la ciudadanía surgía la necesidad de acceder de una manera más directa a la atención de sus necesidades básicas y al reconocimiento de las libertades, sobre todo en el ámbito económico.

Sin embargo, este patrón continúa hasta la actualidad, principalmente porque las autoridades políticas no han sido capaces de desarrollar acciones y niveles de gestión óptimos que permitan afrontar en forma programática los desafíos políticos, económicos y sociales existentes en pleno proceso de reformas en el país.

III.  LA IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA EN UN GOBIERNO ABIERTO.

No se puede desarrollar nuevas formas de participación política en la gestión pública, como por ejemplo el gobierno abierto, si previamente no se logra la comprensión cabal de los efectos positivos de la democracia.

Ambos términos conceptuales no sólo terminan vinculados a un nivel de interdependencia, sino que además resultan complementarios a un nivel de requerimiento para garantizar su legitimidad.

Un gobierno abierto, debe ser entendido como un gobierno en una entidad gubernamental con apertura comunicativa a la ciudadanía en términos generales, para que estos evalúen, participen y fiscalicen su gestión, resulta esencial para el proceso de institucionalización de la democracia, porque sólo a través de este paso se puede desarrollar la concientización de los niveles de responsabilidad de los ciudadanos para con el Estado, como de las autoridades respecto de los ciudadanos.

Este nivel de vinculación los hace responsables, tanto a los políticos respecto de la dirección de la entidad pública, como a los ciudadanos, respecto del mecanismo de selección y nombramiento de sus autoridades políticas.

Por tanto, el elemento más importante se concentra en la “información” y su accesibilidad, con lo cual tanto el ciudadano común puede tener conocimiento de lo que la entidad pública está desarrollando como también los planes que proyecta y ejecuta la autoridad política.

Dicho proceso de provisión de información pública a los ciudadanos, legitima la labor que desarrolla la clase política en la entidad pública, con lo cual el electorado puede sentirse satisfecho si la labor realizada mejora la calidad de vida de los ciudadanos, ampliando los niveles de atención de las necesidades sociales.

Sin embargo, la mayor carga recae en la propia ciudadanía, que además de elegir a sus autoridades, debe fiscalizarlas periódicamente no sólo en un proceso electoral determinado, sino en forma constante, para así tener una mejor garantía en la gestión pública.

Por ello resulta de mucha importancia el rol activo de los medios de prensa, en particular porque son estos los que amplían la información que puede comunicar la entidad pública como también pueden descubrir los errores en cuanto nivel de gestión impuesto, tanto para denunciar niveles de corrupción como de ineficacia.

Téngase en cuenta que al ciudadano común le resultaría muy complicado e inaccesible en algunas circunstancias tomar conocimiento directo de algunas situaciones, en particular cuando estos datos resultan ser o complejos o especiales.

La ciudadanía tiene un nivel de conocimiento de aquellos elementos que resultan importantes en el análisis y debate cotidiano, en el proceso de fiscalización a la entidad pública, con lo cual se genera un proceso de discriminación de información que resulta positivo.

Sólo aquello que resulta más importante es tomado como elemento de cuestionamiento y seguimiento por medio de los medios de prensa, relativizándose aspectos que probablemente tengan ya un tratamiento especializado y particular.

Es el caso particular de las situaciones que involucren la comisión de un ilícito o falta administrativa de parte de alguna autoridad en la Administración Pública en perjuicio tanto de su entidad como de la propia colectividad.

Dichos elementos referenciales requieren que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República tengan elementos de evaluación de la gestión pública a través de auditorías específicas.

La evaluación específica y especial por tanto implica la especialización y el control de entidades identificadas en este proceso de contrapesos en el desarrollo de la actividad orgánica del Estado a través de sus diferentes entidades.

Aquello que probablemente involucre un aspecto mucho más amplio y referencial respecto de los intereses ciudadanos, muy por el contrario puede atraer la atención de los medios de prensa y proceder a una evaluación y fiscalización pormenorizada.

Pero en este conjunto de ideas, ¿que podría ser determinado como aquel elemento que permita su identificación y asignación de valor de importancia?

Probablemente la mejor respuesta sea aquella que permita desarrollar que “todo” lo que produzca la administración y “todo” aquello que implique una res pública puede ser sujeto de una calificación de “importante” y por ello no se pueden establecer limitaciones o parámetros de priorización.

Dicho margen amplio y relativamente ambiguo sin embargo, es el mejor escenario para desarrollar un aspecto importante en la relación de la ciudadanía con la gestión pública, porque a través de los medios de prensa y su facultad de informar y difundir información, se puede tener una mayor relación y vinculación con aquellas informaciones que implica la ejecución de una actividad determinada en una entidad pública.

Este proceso de legitimación de acceso, suministro y difusión de información es por tanto el elemento que valida el proceso democrático en cuanto fundamento de la libertad de acceder a la información.

Sólo a través de estos procesos de toma de conocimiento, es que la ciudadanía puede tener una mejor referencia de lo que sus autoridades políticas vienen ejecutando, fiscalizando aquellas acciones con mayor interés y mayor vinculación, al tener estas acciones un efecto directo en la ciudadanía.

Estos mecanismos de información y de accesibilidad a información que involucre la gestión pública permite la puesta en práctica de la gestión diligente, eficiente y proactiva en la administración pública, que permite legitimar los parámetros de gobernabilidad en la búsqueda de una consolidación de la gobernanza, de tendencia en los países con tendencia democrática consolidada.

IV.  LA DESNATURALIZACIÓN DE LA APERTURA INFORMATIVA.

Toda vez que todo aquello que es regulado, no necesariamente produce efectos positivos en la relación entre la ciudadanía con el Estado a través de sus diferentes entidades, debemos señalar que a la par de la existencia de factores positivos, es viable también la posibilidad de encontrar situaciones cuestionables o negativas.

Uno de estos ámbitos que podemos detallar se produce cuando el Estado o una entidad en específico, “procura” extender el ámbito de su “comunicación” con la ciudadanía y procede a desarrollar situaciones en las cuales “disimula” su comportamiento en aras de desvincular la atención social a temas triviales o sin mucha importancia, para así no verse involucrados en la crítica a un tema significativo.

Hacemos mención a las situaciones en las cuales las entidades públicas optan por especializar sus mecanismos de traslado de información, limitando la misma sólo a aquellos aspectos positivos a su gestión.

El ocultamiento de información referencial con una mayor importancia o percepción de parte de la sociedad, involucraría una situación que no resulta permitida para este tipo de situaciones, principalmente porque de por medio se pueden utilizar recursos públicos para la mejora de la imagen del agente político que dirige la entidad pública.

Este es el caso muy frecuente de la mayoría de autoridades municipales en el país, que bajo el argumento de difundir información pública, destinan la ejecución de un significativo presupuesto público para la difusión de folletos, revistas, impresiones, publicidad con el único referente de la identificación de un único individuo al mando de la entidad pública. No hay que olvidar que la función pública como dice Sarmiento García, ( 1997) en un concepto institucional, el servicio público actualiza y materializa la función.

A nivel de las municipalidades, la percepción del trabajo de los regidores por tanto resulta nula para el ciudadano común, porque toma válida la premisa de que sólo el Alcalde es que el desarrolla servicio público.

Basta con señalar la relación a nivel de difusión de la información referencial de una municipalidad en el país: a la par de la mención de la entidad pública, se le consigna el dato personal de la autoridad política elegida democráticamente.

Este proceso lamentable de caudillismo político es aquel factor que termina desvalorizando los mecanismos de acceso a la información de las actividades de las entidades públicas, con lo cual nuevamente se genera la desvinculación de la ciudadanía con el aparato público.

V.  ¿QUÉ HACER ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS?

Tal vez la mejor respuesta al propio debilitamiento de la democracia en el país implique la necesidad de que el propio ciudadano sea más consciente de su labor y participación política en la comunidad.

Dicha percepción, permitirá que participe tanto activamente como en forma decisiva en la mayoría de actos que ejecute la administración pública, fiscalizando dicho proceso, pero a la vez también planteando mejores elementos de evaluación, análisis y planteamiento de propuestas.

Dicha participación no resultan cuestionadas en el ámbito normativo, es más son promovidas y para ello podemos mencionar la posibilidad de que cinco mil ciudadanos (con firmas válidas y registrables ante la RENIEC) tengan el derecho de plantear una propuesta de ley ante el Congreso de la República.

Igualmente existe la posibilidad para la ciudadanía de participar activamente en la gestión de una entidad o en la toma de decisiones o en el desarrollo de un procedimiento específico. El caso del referéndum por la devolución de los aportes del FONAVI es un claro ejemplo de ello.

Sólo a través de ciudadanos conscientes de su participación en el sistema democrático resulta viable la posibilidad de plantear la ampliación de aspectos de la gestión pública que permitan implementar o mejorar los parámetros de gobernabilidad en el país, dentro del marco de la constitución Política del Estado.

Bibliografía

William A. Mc Eachern (1982). “Macroeconomía, una introducción contemporánea. Sexta Edición.

Fortunato Sánchez Ramírez (1987) Ciencias del Estado y Administración Pública. Lima 1987

Sarmiento García, Jorge, y otros. (1997) Derecho Público. Mendoza. Argentina. 1997

Constitución Política del Perú de 1993.