LOS CONFLICTOS SOCIALES POR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES

Una mirada desde la academia

Oscar Murillo Serna

Director del Doctorado del Instituto de Gobierno y Gestión Pública (USMP).

Para Lampadia.

1. Los conflictos sociales por el uso de los recursos naturales que se están dando en nuestro país, acaba de cobrarse una absurda muerte más. La primera del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski que sumado a los más de cien muertos en los últimos años producidos por los conflictos sociales, nos hace ver que en la resolución de estos conflictos, no estamos actuando bien como Estado ni como sociedad, porque la perdida de una vida humana, no tiene justificación operativa, política ni de desarrollo económico puesto que las obligaciones básicas de un Estado de Derecho son garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la propiedad privada.
2. Gobernabilidad o buena gobernanza justamente quiere decir, la búsqueda de un equilibrio entre el Estado, la sociedad y la economía (mercado), para un desarrollo económico, social, político y cultural sostenido del país. Si se afecta este equilibrio o si se agrava la relación entre sociedad y Estado por los efectos de una  mala gobernanza (malas políticas), las consecuencias para el desarrollo de un país son irreversibles, como así ha ocurrido en estos 5 últimos años con el  gobierno del expresidente Humala, cuyas consecuencias se está viviendo en los dramáticos acontecimientos que se están suscitando en la provincia apurimeña de Cotabambas.
3. Ahora bien, una cosa es evidente en el tratamiento de estos conflictos. La búsqueda de solución a través del diálogo o las llamadas “mesas de diálogo” como una metodología para superar los conflictos por el uso de los recursos naturales, no es la metodología adecuada, porque el diálogo para la resolución de conflictos, sobre todo el método de la Universidad de Harvard que es el más difundido y estudiado en el mundo académico y político del país, no es propiamente un método adecuado para resolver en el Perú los conflictos por el uso de los recursos naturales, porque los conflictos por el uso de los recursos naturales no son conflictos políticos, es decir no es un conflicto de un Estado contra otro Estado, no es un conflicto por el poder, no es un conflicto de un sector o un grupo alzado que quiere derrotar a otro grupo que se ha hecho del poder. O un grupo que quiere permanecer en el Poder a riesgo de arrasar con todo aquello que se le interpone. Si uno estudia con detenimiento el método de resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, nos podemos dar cuenta que es un método que se emplea en la resolución de conflictos básicamente políticos, cuyo objetivo principal es lograr la Paz entre las partes en conflicto. De allí que uno de los principios fundamentales del método, es tratar el conflicto en sí mismo, como una realidad propia con una dinámica propia desvinculada de los actores (primer principio) puesto que lo que se busca es acercar intereses mutuos (segundo principio) sobre un punto concreto que es la Paz, el punto de equilibrio entre las partes en conflicto.

La búsqueda de este punto de equilibrio se convierte en todo el mecanismo de la negociación que dará origen a las soluciones que otorgará  legitimidad al proceso para lograr el objetivo final. Este principio fundamental se ha empleado para resolver otro tipo de problemas, incluso  empresariales y se lo ha adoptado en el Perú para resolver los conflictos sociales por el uso de los recursos naturales a insistencia sobre todo de los Organismos Internacionales que formaron a lo largo de las dos últimas décadas un sin número de funcionarios en el manejo de los 7 principales elementos de negociación: separar  las personas del problema a tratar, enfocarse en los intereses no en las posiciones, utilizar criterios objetivos, no decidir en base a mentiras (ideología),  definir claramente los elementos de interés, legitimar el proceso de dialogo y otros principios.

4. Como se ve, estos principios y los otros de procedimiento que comprende el método de la Universidad de Harvard, se puede emplear en el tratamiento de los problemas que buscan un “punto de equilibrio” para superar el conflicto; pero resulta que los conflictos por el uso de los recursos naturales en el Perú no pasan por la búsqueda de un punto de equilibrio, porque los problemas por el uso de los recursos naturales en el Perú, no es un problema propiamente político, sino más bien, un problema de DESARROLLO HUMANO, (una condición objetiva y no subjetiva como la búsqueda de la Paz por ejemplo) que adopta una serie de formas posibles de desarrollo individual, potenciación de capacidades y habilidades individuales y el cumplimiento de sus derechos  económicos, sociales, políticos y culturales.   Este paradigma de desarrollo, es el que hace toda la diferencia, cuando se busca la resolución de los conflictos sociales por el uso de los recursos naturales en el Perú. La solución a este tipo de conflictos no pasa por  la resolución de los conflictos con el método de la Universidad de Harvard, sino por el “nuevo” rol que debe desempeñar el Estado en el desarrollo del mercado (s) local (s). Dicho así, quizás no se pueda entender la propuesta de solución que proponemos para superar estos conflictos, porque se tiene la idea de que el Estado desempeña un rol más estático, e interviene en términos macroeconómicos solo para subsanar los fallos del mercado. Todo lo contrario los Estados, particularmente en los países emergentes como el nuestro,  tienen que ser  organizaciones más emprendedoras del mercado y  asumir cada vez más  mayores riesgos en el desarrollo de las comunidades locales. A diferencia del tradicional debate que enfrenta al Estado con el sector privado, un Estado Emprendedor,  tiene que plantear una nueva relación simbiótica entre ambos, para que uno y otro resulten beneficiados. En otras palabras no es posible superar la tremenda crisis de gobernabilidad generada por los conflictos sociales con “mesas de diálogos” cuando de lo que se trata es de un desarrollo humano local que para ser sostenible solo puede lograrse a través de un equilibrio entre Estado, Sociedad y Mercado, liderado por un gobierno resuelto,  capaz de desarrollar nuevas medidas que permitan solucionar este tipo de problemas.
5. Esto nos lleva a una idea fundamental, que el GOBIERNO tiene que actuar de una manera diferente a la que está actuando en relación a la resolución de los conflictos por el uso de los recursos naturales. En este caso intensificando a nivel local el desarrollo del mercado.
6. ¿Qué hacer entonces?
7. En un primer momento tenemos que contar con un sistema deinformación acabado sobre el estado de la cuestión de las comunidades campesinas del entorno de los centros de explotación minera, que no existe. Las informaciones macro en este caso no son de gran ayuda.
8. Esta información tiene que ser recogida a partir de la Teoría de la seguridad humana (SH). La teoría de la seguridad humana comprende siete componentes principales de seguridad humana. Seguridad económica, alimentaria, ambiental, de salud, personal, comunitaria y política. En cada uno de estos niveles se tiene que determinar el conjunto de amenazas y vulnerabilidades que se ciernen sobre las personas, para determinar el nivel de seguridad humana en la que se encuentra por ejemplo, la comunidad “A” del primer entorno de la mina, la comunidad “B” y así sucesivamente hasta lograr un mapa de seguridad humana del distrito, la provincia y  la región. El método de Dalenius- Hodges, nos permite ordenar cada una de las amenazas o vulnerabilidades en determinados rangos mínimos y máximos para elaborar lo que se llama un Mapa de Seguridad Humana, (mucho más completo que el mapa de la pobreza) de tal manera que podemos clasificar a la comunidad “A” como una comunidad muy insegura, la comunidad “B” como una comunidad medianamente segura, la comunidad “C” como una comunidad media. Y así sucesivamente para todos los distritos de la provincia y  la Región. Los indicadores que se refieren a las amenazas o vulnerabilidades que afectan a las personas en cada nivel que califican el grado de seguridad o inseguridad de las comunidades, una vez concluidos, lo sometemos a un análisis de correlación para determinar qué tipo de amenazas se correlaciona o no con otra amenaza o/y con otras amenazas. Para este procedimiento se emplea el estadístico paramétrico de coeficiente de correlación de Pearson que se trabaja con ecuaciones, lineales, binarias y múltiples.
9. Esta matriz amplia de amenazas, o vulnerabilidades correlacionadas que se manifiestan en cada uno de los niveles de la seguridad humana es una suerte de tablero de gobernabilidadque permite determinar de manera objetiva (científica) las Acciones y Programas (políticas públicas) que tienen que ejecutarse en cada comunidad, en cada distrito del entorno de un centro minero para reducir las causas y circunstancias que generan las vulnerabilidades.
10. La teoría de la SH es entonces una teoría centrada en las personas, es integral, multisectorial, contextualizado en cada uno de los ámbitos que comprende la SH, pero sobre todo es una teoría preventiva que protege a las personas que están expuestas a las amenazas y situaciones peligrosas que pone en riesgo la vida misma del ser humano.
11. Esta perspectiva humano céntrica sin embargo no puede concluirse se no se cuenta con los recursos económicos suficientes para atender estas situaciones y vulnerabilidades que afectan a las personas.
12. Por ello se requiere idear un nuevo esfuerzo nacional concertado para superar las graves vulnerabilidades que afectan principalmente a las comunidades campesinas del entorno minero. Se trata entonces de enfatizar el desarrollo humano, y no de asegurar la fuerza del Estado para amenguar los conflictos sociales, se trata de satisfacer las necesidades humanas para asegurar nuestro sistema económico y político.
13. El rol de cualquier Estado como se sabe siempre estará orientado a contribuir a la maximización del bienestar de su sociedad. En este espíritu, el Estado peruano está interesado en destinar directamente a las comunidades una parte del canon minero para atender las demandas que plantean las comunidades. Supongamos que ese canon directo a las comunidades sea de 1 millón de dólares anuales. Una suma importante pero no suficiente para atender casi dos siglos de ausencia del Estado en estos lugares. Pero qué pasaría si este primer fondo es apalancado a través de un instrumento financiero como un FIDEICOMISO,  que da lugar a un activo financiero, por ejemplo de 10 millones de dólares, para una comunidad en particular. Más aun supongamos que cada comunidad del entorno de la mina apalanque por separado 10 millones de dólares pagaderos en 11 años y así sucesivamente las 3 o 4 o más comunidades del entorno de la mina. La explosión de desarrollo en ese distrito sería inimaginable, solamente comparado en los últimos tiempos al crecimiento de Japón en la década de los 80 o Corea en los 90 cuyo éxito estuvo centrado en el importante rol que desempeño el Estado en el crecimiento económico de esos países.

El Estado peruano por ejemplo podría perfectamente  constituir un patrimonio fideicometido, a través de un FIDEICOMISO donde depositaría como  adelanto del Canon Minero, determinados fondos para que  primero un equipo técnico, evalúe los proyectos de inversión  prioritarios, que responden a los indicadores de los estudios de seguridad humana que anteriormente hicimos referencia. Una vez calificados por el equipo técnico y las comunidades, se desembolsan los fondos para  ejecutar los proyectos de inversión seleccionados  bajo  responsabilidad del Fiduciario.

14. ¿Podrá el Estado peruano tomar este riesgo emprendedor y fomentar un fideicomiso comunal para que las comunidades campesinas puedan tener una genuina alternativa de financiación?  No lo sabemos, pero si no lo hace,  los conflictos sociales por el uso de los recursos naturales afectará profundamente la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico del país.
15. ¿Nuestros políticos podrán ser capaces de diseñar políticas atrevidas que puedan generar crecimiento para construir una sociedad libre de pobreza, libre de miedo y libre de miseria para vivir con dignidad en el Perú?

OSCAR MURILLO SERNA

(*) PhD. en Filosofía y Letras con mención en Antropología, por la Universidad Eötvös Lorand, Budapest, Licenciado en Historia por la Universidad de Ginebra, Suiza, Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cuzco, Licenciado en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cuzco, con estudios de Alta Especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias  Sociales, Paris, Francia, Candidato a Doctor en la Universidad de Ginebra, Suiza.

Profesor del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Profesor visitante en la Universidad de Montreal, Canadá; en la Universidad Wilhelm Pieck de Rostock, Alemania; en la Universidad de Cantabria, España; en la Universidad de Deusto, Bilbao, España y Profesor – investigador del Departamento de Sociología de  la Universidad del País Vasco, España.

Socio Honorario del Instituto de Gobernanza, Administración y Gestión Pública de la Universidad Particular Antenor Orrego, Socio Activo del Curatorium de Doctores del Perú, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Amazonía.

Ha  publicado numerosos artículos, ensayos y libros de su especialidad.